Manlio Torcuato Martínez encubrió y omitió investigar abusos
Por Gerardo Aranguren
El ex juez tucumano Manlio Torcuato Martínez fue procesado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en el marco de la segunda etapa de la causa “Romero Niklison”, en la que ya fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “Tuerto” Albornoz a prisión perpetua.
El juez federal de Tucumán Daniel Bejas confirmó con su fallo el pedido del fiscal federal Pablo Camuña, al procesar al ex magistrado por incumplimiento de sus funciones y encubrimiento de los asesinatos de cinco militantes montoneros: María Niklison, Fernando Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo Paz, y por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Miguel Romano.
Para la fiscalía, existen pruebas concluyentes para procesar a Martínez por haber omitido investigar y encubierto el fusilamiento de los cinco militantes. “El juez federal se apersonó en el inmueble luego de ocurridos los hechos y no adoptó ninguna medida tendiente a determinar las circunstancias en que habían ocurrido los hechos”, señaló Camuña en su escrito.
El fiscal acusó además a Martínez como partícipe de la violación de domicilio y de los homicidios. El juez Bejas no lo entendió así y dictó la falta de mérito sobre esos delitos. Martínez no sólo no investigó y encubrió los asesinatos, sino que comenzó a investigar al propietario de la casa donde se realizó el sangriento operativo, Miguel Romano, a quien detuvo durante más de un año en la Jefatura de Policía de Tucumán, que funcionaba como centro clandestino de detención.
Manlio Martínez ascendió como juez durante el Operativo Independencia, cuando el fallecido general Acdel Vilas lo nombró para remplazar al juez anterior, cuyo accionar era excesivamente “legal” y entorpecía las tareas represivas. “Los responsables del aparato represivo en Tucumán podían contar con la anuencia de Manlio Martínez para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados”, señaló Camuña.
Además de estos delitos, por los que quedó procesado, numerosos testimonios ubicaron al ex juez tucumano en los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia, en los que tomaba declaraciones a los detenidos-desparecidos.
Por Gerardo Aranguren
El ex juez tucumano Manlio Torcuato Martínez fue procesado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en el marco de la segunda etapa de la causa “Romero Niklison”, en la que ya fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “Tuerto” Albornoz a prisión perpetua.
El juez federal de Tucumán Daniel Bejas confirmó con su fallo el pedido del fiscal federal Pablo Camuña, al procesar al ex magistrado por incumplimiento de sus funciones y encubrimiento de los asesinatos de cinco militantes montoneros: María Niklison, Fernando Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo Paz, y por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Miguel Romano.
Para la fiscalía, existen pruebas concluyentes para procesar a Martínez por haber omitido investigar y encubierto el fusilamiento de los cinco militantes. “El juez federal se apersonó en el inmueble luego de ocurridos los hechos y no adoptó ninguna medida tendiente a determinar las circunstancias en que habían ocurrido los hechos”, señaló Camuña en su escrito.
El fiscal acusó además a Martínez como partícipe de la violación de domicilio y de los homicidios. El juez Bejas no lo entendió así y dictó la falta de mérito sobre esos delitos. Martínez no sólo no investigó y encubrió los asesinatos, sino que comenzó a investigar al propietario de la casa donde se realizó el sangriento operativo, Miguel Romano, a quien detuvo durante más de un año en la Jefatura de Policía de Tucumán, que funcionaba como centro clandestino de detención.
Manlio Martínez ascendió como juez durante el Operativo Independencia, cuando el fallecido general Acdel Vilas lo nombró para remplazar al juez anterior, cuyo accionar era excesivamente “legal” y entorpecía las tareas represivas. “Los responsables del aparato represivo en Tucumán podían contar con la anuencia de Manlio Martínez para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados”, señaló Camuña.
Además de estos delitos, por los que quedó procesado, numerosos testimonios ubicaron al ex juez tucumano en los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia, en los que tomaba declaraciones a los detenidos-desparecidos.
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